La alcaldesa Carmen Martínez presenta la conferencia del profesor José Manuel Ramírez sobre la norma que retira competencias en materia de educación y bienestar social a los ayuntamientos.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha anunciado que presentará en el próximo pleno municipal una propuesta para apoyar el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el PSOE, en base al “conflicto en Defensa de la Autonomía Local”.
Para poder presentarlo es necesario contar con una séptima parte de los municipios españoles, que además, reúnan a una sexta parte de la población. “Prácticamente todos los partidos políticos han apoyado el texto en las Cortes, y me gustaría que en Quart de Poblet también se sumara el PP”, ha añadido.
“La nueva ley nos afecta directamente, ya que suprime competencias municipales y servicios de los que se benefician nuestros vecinos y vecinas, como la educación y sanidad”, ha explicado la alcaldesa, que ha puesto ejemplos como la oficina de atención al consumidor, la agencia de desarrollo local, el centro juvenil, la Casa de la Dona o los planes de empleo.
“El PP desconfía de los ayuntamientos, nos trata como menores de edad, pero lo que hace en realidad es mostrar un enorme desprecio a la ciudadanía que nos ha elegido”.
La también diputada autonómica ha denunciado que la norma “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tiene que asumir estas competencias, diputación y Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”. La alcaldesa ha recordado que instituciones como el Ayuntamiento de Quart están mucho más saneadas que las que gestiona el PP.
Conferencia de José Manuel Ramírez
El Centro Cultural El Casino acogió la conferencia de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, titulada “Cómo nos afecta la reforma local del gobierno en los Ayuntamientos”. En el acto, Ramírez reveló que la nueva ley va a suponer un recorte de presupuesto de 300 millones de euros en la Comunidad Valenciana. “Esta es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”, indicó. José Manuel Ramírez denunció que 112.000 usuarios de los servicios sociales quedarán sin atender y se perderán 3.000 puestos de trabajo, 850 de los cuales son técnicos, según datos oficiales.
Este experto abordó también la situación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. “En Valencia una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendido que en el resto de España. Hay 18.213 personas dependientes, uno de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera. Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”, ha argumentado.